Desde el mundo de la Justicia se pone en duda la reforma del ministro Gallardón, aduciendo que puede pecar de inconstitucional, ya que se ve recortada la función de reinsertar al justiciado que ha de emanar de la Justicia.
Es notorio que hay una gran diferencia de criterio entre el profesional de la Justicia y el sufridor del delito pues, aunque ambos buscan lo mismo, la prevalencia de la Justicia, su percepción, como digo, es bien distinta. Las personas que en sus carnes o en su bolsillo han experimentado el dolor del ataque delincuencial, ya que nadie le va a restituir la pérdida sufrida, lo que espera de la Justicia es que el delincuente cumpla integra la condena que unos jueces investidos de la autoridad legitima e imparcial, decidan imponer al delincuente, teniendo en cuenta lo doloso que haya sido su delito.
Mientras los jueces se esfuerzan en atender las locuciones exculpatorias de abogados defensores de los justiciables, intentando encontrar los hilos de la atenuación, nadie se preocupa mínimamente de la víctima. Mientras que los jueces se permiten el lujo de ser benévolos con el delincuente, habida cuenta de que el daño no les afecta, la víctima, dolorida y abandonada, no tiene por qué sentirse benévolo, ni preocupado por el porvenir de su agresor.
Otra cosa sería si, desde la cúpula del poder judicial, o desde el Gobierno, a través del ministerio de Justicia, se hicieran cargo de las consecuencias del delito. Así, si; de esa forma, dentro de una lógica, el Consejo del Poder Judicial, podría aconsejar al conjunto de los jueces que a los delincuentes se les de, si el juicio es por la mañana, café con churros; y si es por la tarde, una caña de cerveza con un pincho de tortilla.
Entre tanto, muchos de los perjudicados por la benevolencia de jueces de vigilancia penitenciaria, se ven obligados a convivir con sus agresores; en casos, con asesinos de sus seres más queridos. No son pocos los casos en los que un juez de vigilancia penitenciaria ha promovido la libertad de un reo, y este ha vuelto a delinquir con un delito de la misma naturaleza del que, con anterioridad, le había llevado a la cárcel. Ladrones, violadores, asesinos, terroristas, pederastas, estafadores, timadores, etc., han sido excarcelados prematuramente y vuelto a delinquir, sin que el juez de vigilancia penitenciaria que indebidamente procedió, dado el resultado de su acción, haga frente a su responsabilidad. Se entiende que para que un juez de vigilancia penitenciaria firme la salida de un reo, este debe haber dado inequívocas muestras de arrepentimiento y de querer reinsertarse en la sociedad a la que agredió.
No hace mucho tiempo un juez, José Luis Castro, liberó al asesino Bolinaga, con la oposición del ministerio Fiscal; al asesino etarra, De Juana Chaos, condenado a 3.000 años, otro juez le puso en la puñetera calle, con solo haber cumplido 18 años; otro juez, negó la salida a Miguel Montes Neiro, treinta y cinco años encarcelado, sin haber cometido delitos de sangre, a pesar de estar enfermo de hepatitis y tuberculosis. Se da el caso curioso, por no decir “se da la cabronada” de que el mismo juez de vigilancia que avaló la salida de Antón Troitiño, terrorista con categoría de histórico (dos asesinatos), fue el que negó la salida de Miguel. Es así, una de las varias caras que los profesionales de la judicatura, le han puesto a la Justicia.
Lo malo no es que un individuo te robe por la calle; te asalten en tu casa o te estafen en tu negocio; lo verdadera mente malo -porque es ahí donde empieza tu mayor penalidad- es, si el ladrón, el asaltante o el estafador, se auto denuncian en un juzgado. ¡Dios te pille confesado! También se puede ver seriamente perseguido por la Justicia, más justiciera y rápida, todo aquel insensato que, sin ser senador o diputado, se le ocurra robar a pecho descubierto.
Es notorio que hay una gran diferencia de criterio entre el profesional de la Justicia y el sufridor del delito pues, aunque ambos buscan lo mismo, la prevalencia de la Justicia, su percepción, como digo, es bien distinta. Las personas que en sus carnes o en su bolsillo han experimentado el dolor del ataque delincuencial, ya que nadie le va a restituir la pérdida sufrida, lo que espera de la Justicia es que el delincuente cumpla integra la condena que unos jueces investidos de la autoridad legitima e imparcial, decidan imponer al delincuente, teniendo en cuenta lo doloso que haya sido su delito.
Mientras los jueces se esfuerzan en atender las locuciones exculpatorias de abogados defensores de los justiciables, intentando encontrar los hilos de la atenuación, nadie se preocupa mínimamente de la víctima. Mientras que los jueces se permiten el lujo de ser benévolos con el delincuente, habida cuenta de que el daño no les afecta, la víctima, dolorida y abandonada, no tiene por qué sentirse benévolo, ni preocupado por el porvenir de su agresor.
Otra cosa sería si, desde la cúpula del poder judicial, o desde el Gobierno, a través del ministerio de Justicia, se hicieran cargo de las consecuencias del delito. Así, si; de esa forma, dentro de una lógica, el Consejo del Poder Judicial, podría aconsejar al conjunto de los jueces que a los delincuentes se les de, si el juicio es por la mañana, café con churros; y si es por la tarde, una caña de cerveza con un pincho de tortilla.
Entre tanto, muchos de los perjudicados por la benevolencia de jueces de vigilancia penitenciaria, se ven obligados a convivir con sus agresores; en casos, con asesinos de sus seres más queridos. No son pocos los casos en los que un juez de vigilancia penitenciaria ha promovido la libertad de un reo, y este ha vuelto a delinquir con un delito de la misma naturaleza del que, con anterioridad, le había llevado a la cárcel. Ladrones, violadores, asesinos, terroristas, pederastas, estafadores, timadores, etc., han sido excarcelados prematuramente y vuelto a delinquir, sin que el juez de vigilancia penitenciaria que indebidamente procedió, dado el resultado de su acción, haga frente a su responsabilidad. Se entiende que para que un juez de vigilancia penitenciaria firme la salida de un reo, este debe haber dado inequívocas muestras de arrepentimiento y de querer reinsertarse en la sociedad a la que agredió.
No hace mucho tiempo un juez, José Luis Castro, liberó al asesino Bolinaga, con la oposición del ministerio Fiscal; al asesino etarra, De Juana Chaos, condenado a 3.000 años, otro juez le puso en la puñetera calle, con solo haber cumplido 18 años; otro juez, negó la salida a Miguel Montes Neiro, treinta y cinco años encarcelado, sin haber cometido delitos de sangre, a pesar de estar enfermo de hepatitis y tuberculosis. Se da el caso curioso, por no decir “se da la cabronada” de que el mismo juez de vigilancia que avaló la salida de Antón Troitiño, terrorista con categoría de histórico (dos asesinatos), fue el que negó la salida de Miguel. Es así, una de las varias caras que los profesionales de la judicatura, le han puesto a la Justicia.
Lo malo no es que un individuo te robe por la calle; te asalten en tu casa o te estafen en tu negocio; lo verdadera mente malo -porque es ahí donde empieza tu mayor penalidad- es, si el ladrón, el asaltante o el estafador, se auto denuncian en un juzgado. ¡Dios te pille confesado! También se puede ver seriamente perseguido por la Justicia, más justiciera y rápida, todo aquel insensato que, sin ser senador o diputado, se le ocurra robar a pecho descubierto.
No hay comentarios:
Publicar un comentario