Hoy enriqueceré mi colección con dos chorizadas retrospectivas, no porque en el día de hoy, 14 de marzo, no se haya perpetrado ninguna chorizada, sino porque sencillamente no se ha hecho publica. Y un caso desvergonzado de intento de retorcer el brazo justiciero de la Justicia.
Uno, el caso Peaje, que sintéticamente se trata de cobrar sobornos de la Autovía que une Palma de Mallorca con Manacor, durante el gobierno de María Antonia Munar. Los implicados, ("presuntos implicados") son el consejero de Carreteras y Obras Publicas Antonio Pascual; el ex director insular de su Departamento Gonzalo Aguiar, políticos; el ingeniero jefe de la obra y el celador de los trabajos Gabriel Mestre, estos dos, curritos, más o menos cualificados. Y es que para choricear no son imprescindibles títulos universitarios ni maestrías profesionales. Para prevaricar, falsear documentos, defraudar o cometer cohecho, con haber entrado a dedo en una lista, o nombrado digitalmente para cubrir un puesto, independientemente de sus méritos para ello, hay gentuza que tiene suficiente para ejercer su vocación, que es, ¡Choricear, cuanto más, mejor!
Ahora, cinco años después (tiene "guevos") comienza el juicio del feo asunto.
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"Caso Plaza", (Plataforma Logística de Zaragoza). Es la otra chorizada retrospectiva. El asunto se encuentra en el interminable camino de varios procesos judiciales, que es una buena forma de montar un nudo imposible de deshacer. Pero, si la multiplicación de juicios no fuera bastante, las Cortes de Aragón, aprobaron ayer la creación de una de esas comisiones de investigación hecha por ellos, sobre los desfases y desvíos de millones de euros. ¿Qué es lo que los comisionados trataran de esclarecer? Nada; de lo que se trata es de "estudiar, analizar y depurar responsabilidades políticas". ¿Devolución del "pastizal"? ¡Que ocurrencia! Ponerse así por un pequeño desvío de 17,8 millones de euros.
Mirando este asunto desde la barrera, resulta que el responsable del entuerto es un partiducho, el PAR, (cuatro y el del bombo), que se hizo necesario al PSOE, para mal gobernar en Aragón, como los hechos han demostrado. Los socialistas, los del CHA, los rojetes revueltos de IU y el PP, con la abstención del PAR (¿le culpabiliza su abstención?) son quienes se han puesto de acuerdo en crear la Comisión de investigación.
27 son los consejeros de PLAZA, llamados por el juez asignado, entre ellos 6 consejeros del Gobierno del sociata Marcelino Iglesias, uno del actual (PP), tres concejales y dos ex ediles del Ayuntamiento de Zaragoza.
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El intento de retorcer el brazo a la Justicia, es el que afecta a Rafael Blasco siete veces consejero de la Generalidad de Valenciana, a quien se le relaciona con el desvío de los euros para ayuda a la cooperación, hacia la compra de varios pisos en Valencia.
El defensor, forzando el brazo de la Justicia, presentó al presunto escamoteador Blasco como víctima de una trama, siendo un "buen gestor de los caudales públicos" y una "ONG andante". Seguro que eso es lo que piensan del señor Rafael Blasco sus familiares más allegados. De lo que piensan los que no ha recibido las ayudas de esa cooperación, no necesitamos oírlo; todos nos lo figuramos.
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Este memo no merece formar parte de mi formidable colección de chorizos democacas; los idiota van en otra sección. La Democaca crea esta subclase de "ganao".
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