Me vais a perdonar, pero yo, sigo en mis trece. Que la democracia es un sucio sistema político que solo vale para encumbrar hijosputas, a las instancias altas, medias y bajas de su administración. Esto es un axioma que no necesita demostración, por lo tanto, huelga discutir.
A esto me agarro después de enterarme de la polvareda que ha levantado un juez de Pamplona, al determinar que una vez entregadas las llaves del piso, sobre el que había una hipoteca impagada, la persona desahuciada quedaba exonerada de seguir pagando al banco, la diferencia establecida entre el préstamo original y la actual tasación del piso. ¡Al fin ha habido alguien que interpretado la JUSTICIA! Este caso, bajo la circunstancia que estamos padeciendo, debería crear jurisprudencia. Pero no será así, porque los partidos que conforman la maquinaria del Estado, les deben muchos –que digo muchos, muchísimos- millones de euros a los bancos y cajas, y harán lo posible por frenar esa posibilidad.
¿Cuáles son las obligaciones de un gobierno decente? Yo diría que es gobernar. ¿De qué manera? Con la suavidad de una mano de hierro enfundada en guante de seda. Con mirada de águila, para descubrir los asuntos que debe tutelar, y hacer ante ellos acto de inflexible autoridad. Ha de defender el prestigio de la Nación -en este caso de España, que es lo que nos ocupa- en el exterior, al tiempo que se exige el máximo respeto.
En estos trágicos momentos es cuando el Gobierno, si tuviese la inteligencia necesaria para saber cuál es su obligación, y aceptara ponerla en práctica, lo primero que debería hacer es poner a los bancos en el lugar que les corresponde: ante la LEY. Y a los españoles que lo necesiten bajo su tutela.
Las personas que compraron un piso, lo compraron a un precio tasado por empresas, en muchos casos –quizá en todos- filiales -o contratadas- del banco/caja emisor de la hipoteca. Las condiciones de pago son las que el banco/caja impone, sin otra opción para el receptor de la hipoteca que tragar con ellas, o renunciar a la misma; no pudiendo realizar la compra ya que las demás entidades crediticias, funcionan de la misma manera. Una vez realizada la operación, digamos con la satisfacción de las dos partes, el comprador paga y la entidad crediticia cobra, sin que se produzca la menor incidencia.
Pero eso no pasa ahora; ahora el comprador está en el paro y al no poder pagar sus mensualidades, es desahuciado. Lo justo sería que a la entrega de las llaves del inmueble, con ellas, llegase la condonación de la deuda; pero eso no es así, porque los bancos desprecian la primera tasación, que es la que da el volumen de la deuda, y hace una nueva tasación, a los precios actuales –entre un 40 / 50 por ciento inferior- exigiendo el pago de la diferencia. Pero en improbable caso de que el resultado de la subasta fuera superior a la deuda, se la queda la entidad crediticia.
Si el Gobierno está obligado a tutelar, en estos momentos, más. Pero tenemos Democracia.
A esto me agarro después de enterarme de la polvareda que ha levantado un juez de Pamplona, al determinar que una vez entregadas las llaves del piso, sobre el que había una hipoteca impagada, la persona desahuciada quedaba exonerada de seguir pagando al banco, la diferencia establecida entre el préstamo original y la actual tasación del piso. ¡Al fin ha habido alguien que interpretado la JUSTICIA! Este caso, bajo la circunstancia que estamos padeciendo, debería crear jurisprudencia. Pero no será así, porque los partidos que conforman la maquinaria del Estado, les deben muchos –que digo muchos, muchísimos- millones de euros a los bancos y cajas, y harán lo posible por frenar esa posibilidad.
¿Cuáles son las obligaciones de un gobierno decente? Yo diría que es gobernar. ¿De qué manera? Con la suavidad de una mano de hierro enfundada en guante de seda. Con mirada de águila, para descubrir los asuntos que debe tutelar, y hacer ante ellos acto de inflexible autoridad. Ha de defender el prestigio de la Nación -en este caso de España, que es lo que nos ocupa- en el exterior, al tiempo que se exige el máximo respeto.
En estos trágicos momentos es cuando el Gobierno, si tuviese la inteligencia necesaria para saber cuál es su obligación, y aceptara ponerla en práctica, lo primero que debería hacer es poner a los bancos en el lugar que les corresponde: ante la LEY. Y a los españoles que lo necesiten bajo su tutela.
Las personas que compraron un piso, lo compraron a un precio tasado por empresas, en muchos casos –quizá en todos- filiales -o contratadas- del banco/caja emisor de la hipoteca. Las condiciones de pago son las que el banco/caja impone, sin otra opción para el receptor de la hipoteca que tragar con ellas, o renunciar a la misma; no pudiendo realizar la compra ya que las demás entidades crediticias, funcionan de la misma manera. Una vez realizada la operación, digamos con la satisfacción de las dos partes, el comprador paga y la entidad crediticia cobra, sin que se produzca la menor incidencia.
Pero eso no pasa ahora; ahora el comprador está en el paro y al no poder pagar sus mensualidades, es desahuciado. Lo justo sería que a la entrega de las llaves del inmueble, con ellas, llegase la condonación de la deuda; pero eso no es así, porque los bancos desprecian la primera tasación, que es la que da el volumen de la deuda, y hace una nueva tasación, a los precios actuales –entre un 40 / 50 por ciento inferior- exigiendo el pago de la diferencia. Pero en improbable caso de que el resultado de la subasta fuera superior a la deuda, se la queda la entidad crediticia.
Si el Gobierno está obligado a tutelar, en estos momentos, más. Pero tenemos Democracia.
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