Los casos judiciales relacionados con corrupción política en España se reflejan, en 2015, en unas 1.700 causas y más de 500 imputados o investigados (de los cuales únicamente 20 han sido condenados y entrado en prisión). En 2013, según el Consejo General del Poder Judicial, en España se investigaban 1.661 casos de corrupción. Las comunidades autónomas con más casos en fase de investigación judicial eran Andalucía (8.440.300 hab.) con 541, y la Comunidad Valenciana(5.129.300 hab.) con 200 casos, y la que menos La Rioja (323.600 hab.) con 4.
Y están orgullosos todos ellos:
Caso Nóos; caso Púnica; caso Palau; caso Gürtel; caso Palma Arena; caso Caja España; caso Tarjetas Blak; el caso Juan Guerra; el caso Flik; caso Filesa; Cursos se Formación en Andalucía; caso Pujol; caso Malaya; caso Mercasevilla;
(Mariscada a cuenta de Mercasevilla)
el múltiple caso de los EREs en Andalucía; el caso Tibidabo;
el caso Faisán;
los casos de las cajas de ahorro; los casos de los aeropuertos sin aviones; el caso del 3% del Ayuntamiento de Barcelona... El coste de la corrupción en España: más de 7.500 millones saqueados.
Ninguna de las comunidades autónomas están libres de la corrupción, como muy poquitos ayuntamientos, de los más de ocho mil que existen, puede presumir de estar limpios de grano y paja.
Y tienen la desvergüenza de ensalzar la efeméride, como si aquello, que se hizo hace cuarenta años en vez de ser la mierda que nos va cubriendo,
hubiera sido el milagro que nos permitió alcanzar el Mana.
Eloy R. Mirayo.
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